A principios de 2017, la Federación Española de Diabetes (FEDE) puso en marcha una iniciativa contra la discriminación laboral que padecían las personas con diabetes a la hora de optar a determinados puestos de trabajo de la Oferta Pública de Empleo (OPE). Para ello, trabajó de la mano de expertos juristas que confirmaron la clara discriminación que sufría el colectivo de personas con diabetes para el acceso a determinados puestos de trabajo, derivada de la falta de actualización, por parte de la Administración Pública, de los Cuadros Médicos de Exclusión, que databan de los años ochenta.
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Esta campaña, pionera en España, se inició bajo el lema “STOP a la discriminación laboral por diabetes” y, para su desarrollo, FEDE llevó a cabo un plan de acciones institucionales, basado inicialmente en reuniones y la presentación de iniciativas legislativas. En este sentido, con el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista, se presentó una Proposición no de Ley en noviembre de 2017 en el Congreso de los Diputados. Asimismo, en marzo de 2018, se registró una Moción en el Senado, con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular, y que fue aprobada por unanimidad de los grupos de la Cámara Alta.
En todo este tiempo, muchas organizaciones han dado su apoyo a esta iniciativa contra la discriminación laboral por diabetes. Es el caso, por ejemplo, de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), con quien FEDE firmó un convenio de colaboración para defender los derechos de las personas que sufren diabetes ante la discriminación laboral de la Administración Pública. FEDE también contó con el apoyo de sociedades científicas, como la Sociedad Española de Diabetes (SED), la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) y la Red de Grupos de Estudio de la Diabetes en Atención Primaria de la Salud (RedGDPS), que emitieron posicionamientos médicos a favor de estas reivindicaciones.
Otras acciones realizadas han sido la recogida de firmas promovida por FEDE, con el objetivo de actualizar el Cuadro Médico de Exclusión para el ingreso en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Además, en julio de 2018, se puso en marcha la iniciativa #DiscriminadosXSalud, que agrupa entidades de distintos colectivos de pacientes (diabetes, VIH, celiaquía y psoriasis) que también son objeto de discriminación al optar a determinados puestos de trabajo de la Administración Pública, y con las que se sigue trabajando conjuntamente.
Entre los logros conseguidos, se encuentra la aprobación en noviembre de 2018 del Acuerdo del Consejo de Ministros, que constituyó el inicio de las instrucciones para actualizar las convocatorias de pruebas selectivas de personal funcionario, estatutario y laboral, civil y militar, en orden a eliminar la diabetes, el VIH, la celiaquía y la psoriasis, como causas médicas de exclusión en el acceso al empleo público. Este fue publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 19 de febrero de 2019. Desde entonces, se ha creado el Comité Asesor del grupo de trabajo de seguimiento de este Acuerdo del Consejo de Ministros formado por representantes de las entidades de la plataforma #DiscriminadosXSalud, y cuya misión es la de revisar las convocatorias que se vayan a publicar a lo largo del año y sugerir los cambios oportunos para que en ellas no se recoja ningún elemento que discrimine a los pacientes por su condición de salud.
Más recientemente, en junio de 2019, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública emitió una carta rectificativa por la cual se subsana el error que contenían las bases de la Oferta de Empleo Público para el Cuerpo Nacional de Policía, publicadas en el BOE del 4 de junio, en las que, a pesar de mencionarse el Acuerdo del Consejo de Ministros de noviembre de 2018 para el fin de la discriminación laboral por razones de salud, la diabetes seguía apareciendo como causa de exclusión para poder optar a dichos puestos de la Administración Pública.
En los próximos meses, se espera que el mandato del Acuerdo del Consejo de Ministros se haga extensible a todas las convocatorias que se publiquen a nivel nacional, dependientes del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, y que las administraciones autonómicas y locales también vayan adoptando medidas en la misma dirección.
