La decisión de adelantar las elecciones generales al próximo 23 de julio ha dejado en el aire el futuro de varias leyes sanitarias que estaban previstas aprobar este año, y de las que estábamos pendientes los pacientes crónicos que, en España, suponen cerca de 20 millones de ciudadanos.
De entre ellas destacar una propuesta clave, como lo es la Ley de Equidad, Cohesión y Universalidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), que ya fue aprobada en Consejo de Ministros en junio de 2022, pero que las dificultades para alcanzar acuerdos con los socios de la coalición del Gobierno, han impedido que avanzara.
Otra de las normas que se quedarán suspendidas es la Ley de Seguridad del Paciente, cuya principal meta era establecer ratios obligatorias de enfermeras para todos los servicios de salud y abordar su reemplazo en las jubilaciones. El texto llegó a la Cámara Baja en calidad de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), pero tardó más de dos años en tramitarse hasta que la Mesa del Congreso dio su visto bueno.
Finalmente nombrar la reforma de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos, que sigue paralizada después de varios meses. Esta normativa está prevista que se apruebe a finales de este año, ya que depende también de la regulación de la Unión Europea y su reforma de la legislación farmacéutica que tampoco se ha concretado del todo.
Esta modificación serviría para poner en marcha mecanismos para potenciar el acceso a fármacos innovadores y / o modernizar los vigentes. Sin embargo, su retraso ha hecho que la industria farmacéutica haya pedido a Sanidad adelantar algunas medidas, como es el caso del genérico que ha pedido un apartado específico en el que se incluyan soluciones para que estos medicamentos salgan del estancamiento en el que están desde hace años.